A mediados de febrero de 2011, depuestos ya los gobernantes autocráticos de Túnez y Egipto [3] y tambaleándose el de Libia [4] ,  la Coordinadora Nacional para el Cambio y la Democracia tomó las calles de la capital de Argelia . La organización, creada el 21 de enero tras una serie de disturbios en varias ciudades de todo el país, está encabezada por la Coalición para la Democracia y la Cultura, un partido de la oposición cuyos escasos seguidores son sobre todo hablantes de berebere procedentes de Argel y de la cercana región de la Cabilia. La Coordinadora también está formada por otros pequeños partidos políticos, así como la Liga Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Familias de Personas Desaparecidas (aquellos que “desaparecieron” durante la guerra civil de los años noventa), una asociación de desempleados y muchos otros grupos. La organización exigió “el cambio y la democracia, el levantamiento del estado de excepción, la libertad política y de prensa, y la liberación de los encarcelados por haber participado en las protestas o por sus opiniones”.

La Coordinadora Nacional intentó organizar una manifestación masiva pero pacífica el 13 de febrero en Argel, señalando con el dedo a todo el sistema de gobierno –conocido por los argelinos como le pouvoir, el poder– como la causa del deterioro de las condiciones socioeconómicas en Argelia. La manifestación pretendía exigir reformas políticas y económicas inmediatas, pero el gobierno, temeroso de que se produjera una situación similar a la de Egipto, hizo todo lo posible para evitar lo que consideraba una reunión ilegal bajo un estado de excepción. Las autoridades desplegaron una cantidad abrumadora de efectivos policiales (en torno a 30.000), cerró las calles, levantó puestos de control, suspendió los servicios de autobús y tren y bloqueó el acceso a Facebook. Unos pocos cientos de manifestantes lograron superar los innumerables obstáculos y gritaron consignas antes de ser golpeados y dispersados por la policía. Otra manifestación fue organizada el fin de semana siguiente, pero asistieron pocas personas y la concentración se disolvió con rapidez. 

Sin embargo, el 24 de febrero, el gobierno pareció responder a las reivindicaciones de los manifestantes, anunciando que levantaría un estado de excepción que ya duraba 19 años y el cual ha permitido a las autoridades suspender y suprimir las libertades civiles siempre que lo han considerado conveniente. Como avance de esta esperanzadora medida, el presidente Abdelaziz Bouteflika había dicho dos días antes que el estado de excepción estaba vigente “solo con la finalidad de luchar contra el terrorismo”, una referencia a la guerra de los años noventa entre el ejército y los combatientes islamistas. Bouteflika insinuó que estas duras medidas ya no estaban justificadas, pues una relativa paz había regresado a Argelia. Este anuncio fue una buena noticia para la mayoría de los ciudadanos argelinos y, de momento, parece haber enfriado el movimiento de protesta.

No obstante, el final del estado de excepción a nivel oficial no supone necesariamente el final del estado de control y restricción de las libertades. Bouteflika, por ejemplo, dijo que las manifestaciones en la capital seguirían estando prohibidas, con estado de excepción o sin él. Sin embargo, el movimiento de protesta de 2011 no se detendrá como resultado de esta decisión, aunque siga siendo bastante más reducido que los movimientos argelinos de finales de los ochenta y principios de los noventa, o los de Túnez, Egipto y Libia en la actualidad.

                                                 Desafíos históricos

Una razón importante por la cual las movilizaciones de 2011 son pequeñas hasta el momento podría ser el profundo trauma nacional de que se remonta a 1992. En ese año, como parte de una ofensiva contra el Frente Islámico de Salvación, el gobierno suspendió las elecciones parlamentarias que el partido islamista estaba a punto de ganar, lo cual desencadenó una guerra civil. [5] Los años siguientes de lucha contra el sistema –y de derrota– todavía están frescos en la memoria popular. Las heridas aún no han sanado, y pocos se sienten preparados para otra batalla, aunque ésta sea pacífica. Otra razón es que, en el pasado, las fuerzas de seguridad argelinas han disparado y asesinado con munición de guerra a manifestantes desarmados, y han torturado a cientos de ellos, por no decir a miles. Los ciudadanos temen que las tropas vuelvan a disparar si le pouvoir considera que el riesgo de inestabilidad es alto.

Una tercera razón es que, a pesar de los cambios recientes, el estamento militar sigue siendo la institución más poderosa de Argelia. Los civiles como Boutlefika, quienes son el rostro visible del gobierno, tienen una autoridad limitada. Por lo tanto, cualquiera que luche contra el sistema necesitaría la bendición de los militares en la sombra o debería estar dispuesto a enfrentarse contra la probada capacidad del ejército para reprimir a quienes representen una seria amenaza.

Todavía existe una cuarta razón: la ausencia de un frente opositor sólido y unido, lo bastante amplio para reunir un movimiento nacional contra el régimen. Ni las protestas pacíficas de febrero ni los disturbios de enero contaron con el apoyo de la Unión General de Trabajadores Argelinos, una fuerza muy importante en el país. Partidos políticos y gremios profesionales clave también se mantuvieron al margen. Los grupos opositores más pequeños que se agruparon bajo la Coordinadora Nacional no han sido capaces de plantear con claridad los objetivos de su movilización, enredándose en vagas denuncias contra un le pouvoir igualmente difuso, en lugar de centrarse en el jefe del Estado, como en Túnez y Egipto. Por último, otra posible razón de la debilidad de la Coordinadora Nacional es que Said Saadi, el líder de la Coalición para la Democracia y la Cultura, es conocido como un “opositor pro-gobierno” que apoyó la anulación de las elecciones de 1992 y la campaña contra el Frente Islámico de Salvación. 

La Coalición para la Democracia y la Cultura y otros partidos –ya tengan representación parlamentaria o no– han perdido buena parte del apoyo popular durante los últimos años, pues sus líderes parecen haber prosperado a la sombra del régimen y haberse alejado de sus votantes. Muchos argelinos consideran que la oposición oficial forma parte del problema, pues estos políticos han aceptado la cooptación [6]   imperante en el sistema y están interesados en mantener un status quo del que su bienestar material ha llegado a depender. El Parlamento, en cualquier caso, no desempeña ninguna función, excepto la de ratificar las políticas promovidas por le pouvoir . 

Ante la falta de sensibilidad de las instituciones públicas y los partidos políticos, los argelinos han aprendido a confiar en métodos de acción directa para expresar sus reivindicaciones, tales como manifestaciones o sentadas, e incluso intentos de autoinmolación frente a las oficinas del gobierno. Estos arrebatos populares pretenden avergonzar al Estado y a sus altos funcionarios por fallar a la gente a la que se supone deben servir.

De 1988 a 2011

El 5 de enero, por ejemplo, mientras los disturbios y las protestas estaban golpeando a la vecina Túnez, miles de jóvenes tomaron las calles de varias ciudades y pueblos argelinos para exigir una mejora en las condiciones de vida, unos precios más bajos de los alimentos, puestos de trabajo y respeto. No era la primera vez que revueltas callejeras sin ningún eslogan político concreto habían tenido lugar en el país, pero estos disturbios fueron el primer levantamiento espontáneo a nivel nacional desde las revueltas que sacudieron el país en octubre de 1988.

Aquellas revueltas sin precedentes fueron reprimidas con dureza por un ejército cuyos soldados mataron a unos 500 jóvenes desarmados en el espacio de unos pocos días. Presionado por las críticas nacionales e internacionales, el gobierno intentó mejorar su imagen gravemente empañada y reconciliarse con la sociedad promulgando una súbita liberalización política que puso fin al sistema de partido único, en vigor desde que el país se independizara de Francia en 1962. El régimen permitió el nacimiento de partidos de oposición y asociaciones cívicas, así como una prensa mucho más libre. Aunque distaba mucho de ser un cambio de régimen, la apertura política dio ánimos a una oposición islamista en alza, preparando el escenario de las fatídicas elecciones abortadas en 1992. Nada más estallar el conflicto armado, el gobierno instauró el estado de excepción y revocó gran parte de las libertades políticas anteriores, en nombre de la seguridad y la estabilidad. Después de la guerra, la inclusión de partidos de la oposición –incluso tres partidos “islamistas moderados”– y la celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales multipartidistas supusieron un cambio sustancial con respecto al anterior sistema de partido único, pero no afectaron a la naturaleza de un sistema que ha seguido siendo obstinadamente autoritario. Esta sucesión de efímeras reformas parciales influye en la opinión de los argelinos acerca de medidas como el actual levantamiento del estado de excepción.

También existen algunos paralelismos entre la situación económica de 1988 y la de 2011. Las principales razones económicas de los desórdenes producidos durante los años ochenta fueron el fracaso de la estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno, una fuerte caída en los precios del petróleo, y las medidas de austeridad –tales como el recorte de los subsidios– adoptadas como respuesta. La situación económica empeoró durante la guerra civil, lo cual obligó al Estado a adoptar en 1995 un programa de ajuste estructural apoyado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cientos de miles de personas fueron despedidas de empresas estatales desmanteladas, mientras que los bienes de consumo se encarecieron mucho debido a la devaluación de la moneda, la liberalización de los precios y la eliminación o fuerte reducción de los subsidios. Tras la rebelión islamista que fue controlada en gran medida a principios de la década de 2000, y cuando la paz regresaba lentamente y el precio del petróleo y del gas aumentaban, el gobierno encabezado por el presidente Boutlefika prometió un plan de reactivación económica consistente en una inyección por parte del Estado de 150 mil millones de dólares en la economía.

En el año 2010, el país había saldado la mayor parte de su deuda externa, había acumulado 157 mil millones de dólares en reservas de divisas y participaba en importantes proyectos de infraestructuras (sobre todo, en la construcción de carreteras y viviendas). Los ingresos procedentes de los hidrocarburos seguían aumentando, llegando a alcanzar más de 51 mil millones de dólares, lo cual proporcionó a la Hacienda argelina un superávit en la balanza de pagos de casi 15 mil millones de dólares. Sin embargo, estos indicadores generales tan positivos contrastan fuertemente con un profundo malestar socioeconómico entre la mayoría de la población. La tasa de desempleo es alta, alcanzando la cifra oficial del 10%, aunque es bien sabido que se eleva muy por encima del 20%. Oficialmente, el desempleo entre la juventud alcanza el 21,5%, pero en realidad se acerca al 45 –y a una cifra insostenible del 70% entre la población menor de 30 años. Según el Instituto Nacional de Estadística de Argelia, el desempleo entre los graduados universitarios es del 21,4%; además, el 23,6% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Por otra parte, mientras que el precio de los productos de primera necesidad ha aumentado de forma constante durante los últimos años, los salarios se han mantenido muy bajos. El salario mínimo garantizado, como lo llama el Estado argelino, subió en 2010, pero alcanzó solo los 15.000 dinares (250 dólares) al mes, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas de cualquier hogar. Otros problemas son la escasez de viviendas a precios razonables (a pesar del auge de la construcción), unos deficientes sistemas de educación y de sanidad, el descontento laboral, la corrupción rampante, el clientelismo y el nepotismo entre los titulares de cargos públicos, y la confusión entre el ámbito estatal y el privado a la hora de gestionar ciertas empresas.

Frente a estas difíciles condiciones de vida, a un sistema educativo que fácilmente los margina, un mercado laboral que no puede absorberlos y el endurecimiento de las leyes de inmigración en Europa y Norteamérica, los jóvenes de Argelia se encuentran en una situación desesperada. Ya no confían en la política convencional, la cual solo parece estar al servicio de quienes disponen de buenos contactos y ofrece pocos canales para poder expresar sus reivindicaciones de un modo pacífico. En su lugar, recurren a la violencia callejera. En los últimos diez años, no ha pasado ni un solo día sin que se produzca al menos un altercado en algún lugar del país; un fenómeno que Iván Martin llama “una rebelión a plazos”.

Algo más que comida

La incapacidad de las autoridades para prestar atención a estas señales de advertencia ha traído como consecuencia unos disturbios a nivel nacional que comenzaron el 5 de enero. Aunque una subida en el precio de los alimentos básicos (harina, azúcar o aceite para cocinar) pudo haber desencadenado la revuelta, ésta no es la causa principal, la cual habría que buscar en la década precedente, cuando se fue acumulando la frustración política y económica.

El alza de los precios ha sido provocada por los rumores de una nueva ley de inminente aplicación a los mayoristas y comerciantes, pero en cuanto los disturbios se propagaron, el gobierno decidió imponer un límite al precio máximo de los alimentos afectados. Esta medida detuvo las revueltas inmediatamente, pero estaba lejos de resolver los problemas subyacentes. Trescientos jóvenes fueron invitados a exponer sus quejas en una sesión del Parlamento el 19 de enero, cuando el precio de los alimentos ya no era una de sus principales prioridades, a pesar de que los argelinos gastan una media de entre el 40 y el 55% de sus ingresos en comida. En vez de eso, los representantes de los jóvenes hablaron sobre la falta de trabajo y de vivienda, su marginación dentro del sistema político y económico de Argelia, y el desprecio (conocido como hogra) mostrado hacia ellos por las autoridades, incluyendo a los funcionarios y los agentes de seguridad del Estado. Hogra, de hecho, es la principal queja que sirve de nexo de unión entre los motines de enero, protagonizados por gentes con menos formación, y las manifestaciones de febrero, encabezadas por personas con una mayor educación. Inaccesible e irresponsable, le pouvoir trata con un alto grado de desprecio a todos los argelinos que no tienen participación en el sistema.

El conjunto de las demandas planteadas podría resumirse en la cara visible de le pouvoir, Bouteflika, quien en 2008 introdujo una enmienda constitucional que le permite presentarse a un tercer mandato como presidente. En caso de desarrollarse un movimiento contra Bouteflika, el ejército argelino, sobre todo su poderoso servicio de inteligencia y seguridad, podría tener la tentación de emular a sus homólogos de Túnez y Egipto, derrocando al envejecido y debilitado líder y disfrazándose así de salvador del pueblo. Los militares adoptarían esta medida para preservar sus intereses bajo la cortina de humo de un supuesto renacer de las libertades políticas y de soluciones económicas para la ocasión. Es de suponer que estos retoques estarían muy por debajo del tipo de cambio que el país requiere con urgencia: una reforma institucional, una profunda transformación a todos los niveles del liderazgo político, un estricto respecto a las libertades civiles y políticas, un abandono de la política por parte del estamento militar y las fuerzas de seguridad, una dura batalla contra la corrupción, un poder judicial independiente y un sistema para controlar el ejercicio del poder de todos aquellos que ostentan un cargo público (desde un simple policía al presidente). Igualmente necesaria es una profunda reforma económica encaminada a reducir la dependencia de Argelia de la venta de petróleo y gas, eliminar las prácticas abusivas de funcionarios civiles y militares, y procurar un empleo a los 300.000 jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral. Se trata de una tarea difícil, pues un gran número de argelinos poderosos se benefician tremendamente de la situación actual. Sin embargo, otra línea de actuación solo serviría para retrasar una explosión social que de manera intermitente se ha venido produciendo en Argelia desde hace más de una década.

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NOTAS.-


[1] Traducción y adaptación del artículo publicado en Middle East Report , marzo de 2011. Fuente: http://www.merip.org/mero/mero031211 Versión en castellano elaborada por el equipo de traductores de Alif Nûn . (Nota de la Redacción).

[2] Azzedine Layachi es profesor asociado de Ciencias Políticas en la St. John's University de Nueva York. Otros artículos del autor en castellano: “ El Islam militante en Marruecos: los peligros de la exclusión y los riesgos de la integración ”, revista Alif Nûn nº 61, junio de 2008. (Nota de la Redacción).

[3] Para más información sobre las revueltas en Egipto, véase Hesham Sallam, Joshua Stacher y Chris Toensing, “ La transición en Egipto: un escenario político desconocido ”, revista Alif Nûn nº 90, febrero de 2011. (Nota de la Redacción).

[4] Para más información sobre el régimen libio, véase Fred Halliday , “ 40 años de régimen libio: un estado de cleptocracia ”, revista Alif Nûn nº 91, marzo de 2011. (Nota de la Redacción).

[5] Para más información, véase R. Pérez López-Portillo, Argelia: el fin del sueño islamista , Sílex, Madrid, 1999. (Nota de la Redacción).

[6] La cooptación es una práctica según el cual los nuevos miembros que se incorporan a los órganos directivos –ya sean de un gobierno o de un partido político– son elegidos por los miembros que ya están en funciones. También abarca el caso en que los miembros de un organismo eligen a uno de ellos para ocupar una instancia superior de mando. Los procedimientos formales de cooptación son rechazados por la democracia, pues facilitan el mantenimiento en sus cargos de la clase dirigente, al margen de la voluntad de las bases. Con frecuencia sobrevive una cooptación oculta, cuando los dirigentes en funciones aprovechan el poder de sus cargos para influir decisivamente en la elección de los candidatos, aunque luego se cumplan formalmente las normas previstas para tales nombramientos. La cooptación oculta es un claro síntoma de la oligarquización de los partidos políticos y los gobiernos. (Nota de la Redacción).


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